Los decretos ejecutivos 238 y 239 y su incidencia en los principios constitucionales de no discriminación y seguridad jurídica

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 147, numeral 3, establece la atribución del Señor Presidente Constitucional de la República, en definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva. Bajo esa premisa, emitió con fecha 26 de octubre de 2021 el Decreto Ejecutivo Nro. 238, que establece las Políticas para el Sector Eléctrico. Complementariamente y en la misma fecha, expidió el Decreto Ejecutivo Nro. 239, que contiene reformas varias al Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Al revisar y contrastar tales políticas y reformas reglamentarias frente a la ley de especialidad, la principal problemática radica cómo, bajo deficiencias motivacionales, se establecen beneficios y se cambia la naturaleza contractual de las empresas autogeneradoras, equiparándolas con las empresas generadoras puras, quienes, para calificarse como tal y obtener su contrato de concesión, cumplieron con mayores y exigentes requisitos. A través del análisis constitucional, los citados aspectos evidencia vulneración hacia estos últimos a su legítimo derecho de participación en el sector eléctrico ecuatoriano, bajo una supuesta seguridad jurídica, atracción de inversión privada y desarrollo de empresas públicas, concediendo inmotivadamente una supuesta igualdad de condiciones y preferencias que legal, reglamentaria y contractualmente carecen. La inobservancia de principios constitucionales, así como de los parámetros legales establecidos, ocasiona una afectación operativa y por ende económica a las empresas generadoras y al propio Estado, lo que da como resultado la necesidad de un control abstracto de constitucionalidad, precautelando los elementos fundamentales del Derecho.