Fundamentos teóricos- jurídicos para la protección legal de los discapacitados en el contexto laboral ecuatoriano.

Abstract

Históricamente han coexistido fragmentos poblacionales con dificultades físicas, sensoriales, psicológicas y anatómicas que han resultado excluidos de los beneficios sociales, dada la concepción errónea de la discapacidad que imperaba en los cimientos de las sociedades antiguas. Estas personas eran consideradas sujetos de clemencia e incapaces de desarrollar actividades que les facilitaran garantizar su subsistencia, de modo que sus impedimentos se convertían, directa e indirectamente, en obstáculos para el adecuado desenvolvimiento de su vida en sociedad. Siglos más tarde, como producto del desarrollo socioeconómico y político de los países, devienen un cúmulo de investigaciones científicas relacionadas con corrientes idealistas, religiosas, políticas, clínicas y asistencialistas dirigidas a disminuir la desventaja de las personas apartadas del accionar social, resultando ser los discapacitados objeto de preocupación para organizaciones e instituciones que postulan el principio de igualdad y dignidad plena del hombre. La protección al discapacitado, en los últimos años, ha centrado la atención de varios especialistas, tales como médicos, politólogos, sociólogos, psicólogos, juristas, etc. Debido a que “constituye un problema actual de las ciencias humanas (…) que deja de ser un problema médico o educativo, para convertirse también en un problema social”1, lo cual permite “ver más que la consecuencia biológica, la consecuencia social referente a sus posibilidades de adaptación y de acceso al medio donde se desarrollan”2. Por otra parte “(…) la discapacidad genera inseguridad personal, económica y laboral, implica muchas veces falta de acceso a los servicios básicos, maltrato y abuso, problemas escolares, discriminación, marginación y crisis de identidad personal y cultural...